Pareciera ser un proyecto casi secreto, pero aún así no deja de ser polémico y dio espacio para las teorías conspirativas. Se trata del Trans Pacific Partnership (TPP), un tratado de libre comercio liderado por Estados Unidos y en el que Chile ya puso su firma. Fue negociado por cinco años y finalmente son 12 las naciones que adhieren. Líderes de cada país destacan las ventajas económicas, sin embargo, hay quienes advierten que es otro medio en que se limitan las libertades ciudadanas.
Entre sus postulados, se promueve la regulación del comercio de lácteos, medicamentos, empleos, derechos de autor, patentes, inversiones estatales y medioambientales. Lo que más preocupa son los alcances que pueden llegar a tener sobre el contenido de internet.
Una cobertura especial sobre derechos de autor y la licencia sobre medicamentos biológicos son los que más levantan temores. De hecho, agrupaciones sociales y de parlamentarios ya habían alzado la voz sobre el tratado y exigían transparencia en el trabajo. No fue suficiente.
La presidenta Michelle Bachelet llamó a la calma y destacó que el equipo negociador chileno logró mantener el plazo de cinco años de protección a los datos de medicamentos biológicos, en un escenario en que Estados Unidos exigía 12 y que mediante el acuerdo se podrá optimizar el uso de internet para las empresas, ya que los países participantes se comprometieron a no estableces barreras a las transacciones comerciales.
La Mandataria agregó que el país mantendrá la normativa vigente y que el pacto "amplía nuestra área de influencia y nos inserta de una manera más plena en una zona prioritaria para la estrategia de desarrollo de Chile, pero a la vez sin haber renunciado a nuestras convicciones".
La supraley
El llamado a la calma no dejó satisfecho a sectores de parlamentarios que han reclamado que el trato (que deberá ser ratificado en el Congreso) ha sido negociado en secreto, de espalda a la ciudadanía. Uno de ellos es el integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, Vlado Mirosevic (PL), quien alegó que lo que se conoce hasta ahora es gracias a filtraciones de Wikileaks.
"No hemos tenido un conocimiento de los 29 capítulos en detalle, hemos tenido algunas generalidades. Le pregunté al canciller Muñoz en la comisión de RR.EE sobre el tema de los derechos de internet, y nos dijo, de manera general, que ese capitulo había sido salvado porque no aceptamos las imposiciones o los términos que ponía EE.UU", explicó.
Por lo anterior, el diputado agregó que "cada capítulo fue modificando sus contenidos. Una empresa privada de entretenimiento podría decir que están violando sus derechos de autor y pedir la baja del contenido sin una orden judicial. Pero esos son los términos que proponía Estados Unidos. Según el canciller esto habría sido modificado, pero no lo sabemos".
"La línea es que Chile ya tiene comparativamente con otros países una protección a los derechos de autor bastante alta. Tenemos un TLC con EE. UU. y ese ya exigía un aumento en los años de protección, por lo tanto no hablamos de que Chile sea un país que promueve la piratería. Nuestro país ya tiene una pena para aquellos que la infrinjan, pero este tratado puede aumentar los años".
Atenta contra la Ley Ricarte Soto
Una de las organizaciones que se ha manifestado abiertamente en contra del tratado es la ONG Derechos Digitales. Desde esta fundación, el Analista de Políticas Públicas, Pablo Viollier, acusa que el pacto tiene más costos que beneficios y que finalmente son los ciudadanos los que quedan en riesgo.
"Lo que hay que dejar claro es que tiene un vicio de origen, y es que en todos sus años de negociación, siempre se ha llevado en secreto, de espalda a la ciudadanía", es lo primero que dispara.
Viollier fundamenta lo anterior: "Nosotros consideramos que las democracias del siglo XXI comienzan a avanzar en términos de transparencia y en el modo en que se relacionan con los ciudadanos. Un tratado que regula temas tan sensibles como propiedad intelectual, derechos laborales, medio ambiente y relaciones económicas, simplemente, no se puede dar en secretismo sobre todo en un ambiente que afecta al 90% de la economía mundial. Habla mucho del espíritu del tratado".
"Hay más de 30 capítulos, de los que hemos conocido por Wikileaks, solo tres. En ellos, nos parece particularmente preocupante el extremo fortalecimiento de las patentes farmacéuticas y el impacto que puede tener ello en la capacidad de los países y en los ciudadanos para tener acceso a medicamentos con precios razonables", espetó.
Sobre los derechos intelectuales en medicamentos, Viollier hizo hincapié que esto sólo asegura el negocio de unos pocos: las farmacéuticas.
"A medida que se fortalecen los monopolios farmacéuticos se hace más difícil que medicamentos genéricos, que son hasta 40% más barato, lleguen al mercado. Eso impacta directamente al bolsillo del ciudadano y al sistema público y hace más ineficiente medidas como las de (La Ley)Ricarte Soto", explicó.
Fuente : http://www.cambio21.cl/cambio21/stat/movil/articulo.html?ts=20151009180744
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